Tensión política en Colombia: Uribe y partidos mayoritarios rechazan consulta popular convocada por Petro.

La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular
ha generado un fuerte rechazo entre sectores políticos tradicionales, marcando un nuevo
episodio de tensión institucional en Colombia.

Uribe habla de “amenaza democrática”

Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del expresidente Álvaro Uribe Vélez,

quien cuestionó abiertamente la legalidad y legitimidad de la medida. 

A través de un mensaje en su cuenta de X, Uribe calificó la convocatoria como una “amenaza
democrática” y comparó la coyuntura actual con la del plebiscito por la paz de 2016, el
cual, según él, representó “un quiebre constitucional disimulado”.

El exmandatario advirtió que este tipo de decisiones unilaterales podrían socavar el
equilibrio institucional y profundizar la desconfianza ciudadana en el sistema político.

Los partidos también se oponen. La polémica no se detuvo ahí. Poco después del
anuncio presidencial, ocho partidos mayoritarios emitieron un comunicado conjunto en
el que rechazaron el uso del decreto para convocar una consulta popular.

En su declaración, las colectividades solicitaron a las instituciones del Estado, incluyendo
al registrador nacional, “actuar con pleno respeto de la Constitución”, dejando claro
que no respaldan el mecanismo adoptado por el gobierno. Los partidos consideran que
este tipo de decisiones deben ser tramitadas con participación del Congreso y dentro de
los límites establecidos por la ley.

El Gobierno defiende la decisión. Frente a las críticas, el ministro Armando Benedetti
defendió la legalidad del decreto presidencial, señalando que la iniciativa busca
“profundizar la democracia” y promover la participación ciudadana en decisiones
trascendentales para el país.

 Para el gobierno, la consulta popular sería una herramienta legítima de diálogo directo con la ciudadanía, en un momento de fuerte oposición a las reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo. ¿Qué está en juego?

Este nuevo capítulo refleja una creciente polarización institucional en Colombia.

Mientras el gobierno insiste en usar mecanismos de participación directa para avanzar en
su agenda, sus críticos alertan sobre posibles excesos de poder y vacíos de legalidad. 

El resultado de esta disputa marcará no solo el rumbo de la consulta, sino también el
equilibrio de poderes en el país.

La controversia también reabre el debate sobre el alcance de los decretos presidenciales
y los límites constitucionales del Ejecutivo, en un momento político especialmente
delicado para la gobernabilidad.