En comunicación dirigida al mandatario de ese municipio, José Francisco Lozano, el Ministerio Público advirtió que no se encontraban publicados, en el SECOP I, la totalidad de los documentos requeridos para el mencionado proceso licitatorio, lo cual podría vulnerar los principios de transparencia y publicidad en la contratación estatal.

En ese sentido, la Procuraduría señaló que no se publicaron, entre otros documentos, “los estudios y diseños de ingeniería, impacto social, económico y ambiental, los cuales son indispensables para que los proponentes interesados, ciudadanía en general y organismos de control conozcan las    condiciones técnicas que sustentan el proyecto y determinan las especificaciones constructivas de la obra”.

La Procuraduría también formuló observaciones respecto de los requisitos habilitantes de experiencia por cuanto, a juicio del ente de control, no están sustentados debidamente en los estudios previos, frente a la cuantía del contrato a celebrar, los riesgos del proceso de contratación y el análisis del sector.

Sobre el perfil profesional del personal requerido dentro de esta licitación, el Ministerio Público encontró que las condiciones establecidas podrían restringir la participación en el proceso de contratación y agregó que “no se encuentra la justificación para exigir una experiencia 5 veces mayor a la mínima exigida por la Ley”.

Por último, el órgano de control se pronunció sobre los indicadores financieros establecidos en el pliego de condiciones los cuales ​posiblemente no habrían sido establecidos de manera técnica, pues dentro de los documentos publicados no se evidencia un análisis de esta información conforme con las pautas establecidas por   Colombia Compra Eficiente.